La presidenta designada de Perú, Dina Boluarte, dejó sin aclarar el origen de tres relojes de alta gama por el que la fiscalía allanó su casa y el palacio presidencial en la madrugada mientras aceptó presentarse ante las autoridades competentes el próximo 5 de abril.

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Sin embargo, este domingo Boluarte, solicitó que la Fiscalía que le tome declaración «de forma inmediata» en vista de «la turbulencia política» que está produciendo la investigación preliminar en su contra por corrupción, relacionada con la adquisición de unos relojes de lujo no declarados.

«Acudo a su despacho a fin de solicitar se tome mi declaración indagatoria de forma inmediata a efectos de esclarecer lo más pronto posible los hechos materia de investigación», reza el mensaje enviado por Boluarte a la Fiscalía a través de sus abogados.Las autoridades judiciales peruanas indagan a la mandataria de forma preliminar por los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declarar en agravio del Estado.

La defensa de Boluarte precisó que la cita de la jefa de Estado en Ministerio Público sería este viernes 5 de abril ya que así se lo mencionó verbalmente el fiscal Hernán Mendoza durante las diligencias de hoy.

La defensa de Boluarte precisó que la cita de la jefa de Estado en Ministerio Público sería este viernes 5 de abril ya que así se lo mencionó verbalmente el fiscal Hernán Mendoza durante las diligencias de hoy.

“Por consejo legal de mi persona, la señora presidenta de la República va a declarar primero ante la autoridad competente. Todos debemos comprender que esta investigación fiscal es reservada. Después podrá hacerlo ante los medios”, añadió el abogado Mateo Castañeda.

En la carta, dirigida al fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, Boluarte solicita que deje sin efecto esta programación inicial del próximo viernes.

«En vista de la turbulencia política que se viene produciendo como consecuencia de las diferentes diligencias que su despacho viene realizando», justificó.

Las autoridades realizaron los registros en busca de los relojes de lujo, cuya procedencia la mandataria no ha esclarecido.

Aunque la fiscalía no ha revelado si halló las joyas u otra evidencia, la defensa de Boluarte aseguró que los policías encontraron unos relojes durante los operativos.

Boluarte, quien asumió la presidencia en diciembre de 2022 designada por el Congreso, tras un golpe de Estado al mandatario Pedro Castillo, comenzó a ser investigada el 18 de marzo por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos.

Sin embargo, Boluarte evitó, por «recomendación de su abogado», referirse públicamente al llamado caso Rolex hasta que pueda declarar ante la fiscalía, diligencia que está prevista para el viernes 5 de abril.

La mandataria insistió en su mensaje que es víctima de un «ataque y acoso sistemático», a partir de «noticias tendenciosas y falsas».

Aun así, «asistiré a la fiscalía para declarar sobre los relojes. No soy corrupta ni ladrona», remarcó.

El Ministerio Público había solicitado reiteradamente a la presidenta que muestre los relojes y joyas lujosas que usa y que no ha reportado en sus declaraciones juradas, pero hasta el momento Dina Boluarte no lo ha hecho.

De acuerdo al acta de incautación de la Fiscalía, en la documentación hallada sobre el reloj Rolex de la presidenta, figura como fecha de compra el año 2023. Sin embargo, la jefa de Estado había mencionado que su lujoso accesorio era un objeto «de antaño». 

Tras conocerse el allanamiento, un grupo de 26 congresistas –de las bancadas de Perú Libre, Acción Popular, Cambio Democrático y Bloque magisterial– presentó ayer una moción de vacancia.

Para que la moción proceda se necesitan –en primer lugar– el voto del 40% de congresistas hábiles en la sesión para admitir el pedido. Si esto resulta favorable, pasa a debate en el Pleno y en ese espacio se requieren 87 votos a favor para que sea aprobado y la presidenta vacada. 

El exprocurador anticorrupción Yván Montoya señaló que existen sospechas de adquisiciones de bienes de alto valor no registrados en las declaraciones juradas y que denotarían un incremento patrimonial no justificado;

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